Tecnologías de vigilancia en México

Publicada en Publicada en Investigación de la Vigilancia

Publicado en SinEmbargo el 25 de febrero de 2014

Se ha sostenido que la tecnología es neutra en el sentido de que su uso está ligado a la voluntad humana que le imprime la posibilidad de valoración ética. Problematizando esta afirmación creo que existe tecnología que puede ser, por sí misma, un peligro para la vida y la libertad humana. Ejemplo de lo anterior es la tecnología nuclear o las modificaciones transgénicas en los alimentos. Por supuesto que hay muchas otras áreas donde la tecnología ha representado un avance. En la comunicación, en la educación y en la medicina por ejemplo. ¿Pero en la seguridad?

La violencia de los últimos años en México ha provocado que los presupuestos asignados al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales se multipliquen. Buena parte de esta partida presupuestal ha sido destinada a tecnologías de localización o vigilancia y por ellas entiendo aquellas herramientas que sirven a los responsables de la seguridad ciudadana para detectar emergencias, contingencias naturales y personas que infringen la ley. Pero los resultados de esta inversión no son del todo claros.

En un simple juicio parece positivo el uso de tecnologías para la consolidación del estado de derecho. Sabemos que en la detención del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, se recurrió al uso de drones de Estados Unidos y al uso del spyware Finfisher de la compañía Gamma Group, con muy mala reputación a nivel mundial. En el caso del narcotráficante Joaquín Guzmán Loera también se usaron drones norteamericanos y geolocalización de las comunicaciones satelitales.

En ambos casos se recurrió a EU de una manera que genera muchos peligros por las experiencias del uso estas tecnologías para ejecuciones extrajudiciales, amén de la dependencia tecnológica. Si la DEA es la que intervino el teléfono de Guzmán Loera ¿pidió autorización a un juez federal? Podemos pasar por alto este detalle para el capo, pero es la justificación para que agencias extranjeras intervengan comunicaciones en cualquier caso.

La justificación de un mayor uso de tecnologías en manos de gobiernos para la seguridad nacional no toma en cuenta la corrupción ni la impunidad, mucho menos se dirige a la génesis del delito. Razonablemente debemos enfrentar a la violencia del crimen organizado con los mejores medios técnicos pero esto –invariablemente- debe conducirse bajo los principios del debido proceso; mediante una política criminal basada en la impartición de justicia y con políticas sociales que abatan la exclusión.

Hemos aprendido del escándalo de la vigilancia que realiza la NSA: otorgar herramientas técnicas y amplios poderes, sin un marco legal adecuado y sin un proceso de rendición de cuentas, llevará invariablemente al abuso. En muy pocos años, la NSA pasó de vigilar las actividades terroristas a espiar a los propios ciudadanos de aquel país; a los presidentes de países democráticos y líderes que se consideran aliados incluyendo a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El gobierno de la Ciudad de México no se ha quedado atrás, uno de los mejores ejemplos para hablar del abuso y aplicación irracional de una tecnología de vigilancia es el caso del programa del DF Ciudad Segura, en este: “la operación de 12 mil cámaras de vigilancia hará de la Ciudad de México una de la ciudades más seguras del mundo”.

Impulsado por Marcelo Ebrard y apoyado por Miguel Mancera, dicho programa costó a los capitalinos –tan sólo en instalación- más de 460 millones de dólares, encargado a una coalición de empresas formada por Telmex y la compañía francesa Thales Group. Esto incluye un centro de mando (C41), cinco centros de mando y control (C2), dos unidades de mando y control móviles (C2M), más de ocho mil cámaras de videovigilancia. Adicionalmente se instalaron tres mil cámaras en el sistema de transporte Metro. Se esperan los próximos años la instalación de 7 mil más.

Thales en realidad es una compañía de la industria militar. Su vicepresidente piensa que “la seguridad es una forma de decir de manera políticamente aceptable, lo que tradicionalmente se conoce como defensa nacional”. ¿La video vigilancia ha reducido el índice delictivo o solo es parafernalia o política de control social? ¿No estarían mejor invertido esos recursos?

El primer problema del uso de tecnologías para la vigilancia es definir lo que seguridad significa. Aunque el programa Ciudad Segura se propone responder de manera inmediata ante emergencias, situaciones de crisis y actos ilícitos, la asociación entre colocación de cámaras y seguridad no pasa de ser una manifestación sin sustento a manera de salto lógico.

Los estudios internacionales sostienen que, lejos de resultar una solución, la instalación de cámaras de vigilancia no ha reducido significativamente el crimen en ciudades como Londres y Toronto, generando un efecto nocivo de falsa seguridad.

El estudio de Vivien Carli para el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad demuestra que en muchos de los casos, la instalación de cámaras es motivada por intereses comerciales sobre el interés público. La investigadora documenta que en algunos casos específicos la video vigilancia puede coadyuvar a obtener evidencia sobre la comisión de delitos y a impedir la impunidad, pero para su implementación debe existir un modelo comunitario de apropiación, un concepto de seguridad que vaya a los orígenes de los problemas y un mecanismo de auditoria o ciudadana de su uso.

Nada de eso se cumple en la Ciudad de México. Así se evidenció desde diciembre de 2012 donde por lo menos 46 personas que fueron detenidas arbitrariamente en el espacio público nfrentaron problemas para su defensa. En todos los casos se solicitó el video de las cámaras del C4; el gobierno del DF entregó más de 40 cintas correspondientes al igual número de cámaras del centro histórico. Sin embargo nunca entregó la correspondiente a avenida Balderas y avenida Juárez donde se detuvo a más de 90 personas.

El gobierno capitalino tiene una Dirección General de Mensaje y Nuevas Tecnologías a cargo de Irene Muñoz, pero no hay reflexión sobre estos temas. Lo más significativo es que esta funcionaria ha hecho es denunciar penalmente a un bloguero, quizá ese sea el mensaje. La seguridad para los gobiernos no significa seguridad de las personas, sino seguridad para ellos y control social para los demás. Es momento de entender que toda tecnología que damos a los gobiernos sin un control ciudadano, eventualmente, será usada en contra nuestra.

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